La política, ausente

La presentación del paquete de las denominadas leyes Micaela García abrió el debate sobre la legislación argentina en materia de violencia de género y el rol del Estado.

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El recinto de la Cámara baja vacío, todo un símbolo.

“Es necesario el compromiso del Estado porque hay leyes sancionadas que aún no fueron reglamentadas; leyes reglamentadas que disponen la creación de organismos que no fueron creados; en otras circunstancias, hay organismos creados, pero sin presupuesto; y por último, organismos con presupuesto, pero con funcionarios que no están capacitados”, señaló Néstor García, padre de Micaela -la joven que fue asesinada el pasado abril en Entre Ríos- en la presentación de 13 proyectos de ley para prevenir la violencia de género. ¿Refleja la realidad de la legislación argentina?

El marco legal de la Argentina lo integran la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, su Protocolo facultativo y la Convención de Belém do Pará, que son normativas internacionales. En 2009, entró en vigencia la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, calificada como “de avanzada” por Natalia Barrios, jefa de Gabinete del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), porque tipifica todas las variantes de la violencia. La co-coordinadora del área legal de la asociación civil La casa del encuentro, Clara Santamarina, se refirió a su implementación parcial: “Hay acciones que debería hacer el INAM, pero también el Gobierno, las fuerzas de seguridad y los médicos”. Barrios opinó: “El problema es el machismo que se sigue perpetuando en gran parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

La diputada radical Carla Carrizo mencionó que la ley nacional 27.210, que fue sancionada en 2015 y exige la creación de un cuerpo de abogados para defender a las víctimas de violencia de género, no ha sido reglamentada, “aunque en algunas jurisdicciones se ha avanzado en la implementación de iniciativas similares”. Raquel Vivanco, coordinadora de la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), puntualizó: “Excepto en la Ciudad de Buenos Aires, no hay patrocinio jurídico especializado para atender a las mujeres que denuncian violencia de género”.

Según Barrios, la brecha entre la capital porteña y el resto del país se profundiza porque el machismo aún está muy instalado en pueblos del interior y, además, no hay estadísticas provinciales. “Hoy podemos decir que tenemos presupuesto y un Plan Nacional de Acción, como lo establece la ley 26.485”, sostuvo Carrizo. En el último monitoreo sobre esta normativa, realizado por MuMaLa en 2016, la partida representaba el 0,0055 por ciento del presupuesto nacional: $4,50 por mujer para combatir la violencia machista.

La capacitación, de acuerdo con Carrizo, es “deficiente” porque suele ser voluntaria. “Un proyecto para impulsar tiene que ver con la inclusión de capacitaciones obligatorias en la Justicia, que tiene un rol central en los procesos”, anticipó.

Hubo avances en materia legislativa. Aún falta decisión política para el cumplimiento integral de las normas y la coordinación entre los niveles nacional y provincial para prevenir y combatir la violencia de género.

 

Colaboraciones: T. ARGÜELLO, M. CABRAL, J. M. FELIZI, M. GALLOVICH PALERMO, J. HERRERA, L. TOUFENEDJIAN, J. AGOSTI, L. SOSA

Publicado originalmente en Diario Publicable

 

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