Lo que hay que saber sobre el delito de no pagar y quedarse con el dinero de los trabajadores. Conceptos, métodos y algunos de los casos más representativos.
Con frecuencia, los trabajadores se encuentran con empleadores que se resisten a cumplir con sus obligaciones. En los últimos tiempos salieron a la luz diferentes casos de estafas patronales que reflejan la codicia de grandes empresarios y pequeños jefes. Las noticias salen, ¿pero sabemos de qué se habla?
Las víctimas las denominan estafas patronales; la legislación argentina las conoce como delitos relativos a los recursos de la seguridad social. Y lo que no se paga, explica la abogada laboralista Gabriela Arturi, son las cargas sociales, es decir, “las contribuciones que debe abonar el empleador al Estado, como la jubilación o la obra social”, a diferencia de los aportes, que son las retenciones que se le hacen al empleado.
Según la ley 24.769 del régimen penal tributario, se habla de evasión previsional cuando quien está obligado no paga los aportes o las contribuciones a través de “declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño”. El delito puede ser simple o agravado, de acuerdo a los montos evadidos y las penas aplicables.
“Cuando el empleador no paga y se queda con el dinero que le retuvo al trabajador se habla de apropiación indebida de recursos de la seguridad social”, señala Arturi sobre el delito que tiene una pena de dos a seis años de prisión.
Uno de los riesgos que señala Gabriel De Vedia, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), es que el trabajador no se pueda jubilar porque no tiene los aportes. “Aunque pueda iniciar un juicio contra su empleador, la ley previsional lo obliga a controlar adónde van los descuentos. Por ese lado, la legislación es contradictoria”, remarca el fiscal.
Otra consecuencia es el posible desfinanciamiento del sistema de la seguridad social. De este modo, no podría garantizarse el acceso a las prestaciones sociales a los beneficiarios actuales ni futuros.
Una de las figuras legales usadas para cometer este tipo de fraude laboral es la cooperativa de trabajo, definida por la Alianza Cooperativa Internacional (ICA, por sus siglas en inglés) como una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente “para satisfacer sus necesidades y aspiraciones comunes en materia económica, social y cultural”.
En su artículo “Utilización de cooperativas de trabajo para cometer fraude laboral”, el abogado Enrique Caviglia sostiene que estas formas asociativas -reguladas por la ley 20.337– se usan para evitar las consecuencias propias del capitalismo al sustituir la figura del empresario por la de los socios que con sus votos dirigen el negocio.
De Vedia opina que las cooperativas generan empatía en la sociedad porque ve en ellas el esfuerzo de los trabajadores para mantener la fuente laboral. “Siempre hay inescrupulosos que se aprovechan de esta figura para conseguir aportes y donaciones y se olvidan de los demás”, asegura.
El caso de la librería Adán Buenosayres, que estaba ubicada en Avenida Corrientes 1671, es un ejemplo del uso indebido de la cooperativa de trabajo. En junio de 2016, David De Vita, dueño de la librería, anunció el cierre a raíz de la caída de las ventas y el aumento de los costos para mantener el negocio. “Vengan a comprar libros que tengo que juntar guita para indemnizar a los pibes que se quedan sin laburo”, había escrito en su perfil de Facebook.
Un mes después y por la muestra de solidaridad de los clientes, De Vita anunció que Adán Buenosayres no iba a cerrar, sino que se transformaría en una cooperativa de trabajo. En septiembre la presentó formalmente.
A más de un año, la constitución de la cooperativa terminó en una denuncia por estafa patronal. Según los trabajadores, el objetivo de De Vita siempre fue evadir el pago de las cargas sociales.
En una asamblea de junio pasado, los cooperativistas advirtieron los balances positivos y se manifestaron sobre la venta fraudulenta del fondo de comercio de Adán Buenosayres que hizo De Vita, a quien le pidieron que se retire. El exdueño se negó, se quedó con el dinero recaudado y tras denunciarlos, cambió el candado del local.
Por su parte, los trabajadores armaron otra cooperativa e iniciaron un acampe en la vereda del local para impedir su vaciamiento. Sin embargo, el pasado sábado 11 se presentó De Vita y “se robó todos los libros en tres camiones, avalado por una orden falsa de la policía”, cuenta Nicolás Palazzini, uno de los cooperativistas.
Según José Manfredi, otro de los damnificados, De Vita se llevó entre diez mil y veinte mil libros. “Son unos tres o cuatro millones de pesos en volúmenes”, agrega su compañera, Lucía Fanesi López.
Los trabajadores refieren que De Vita se llevó lo robado a una librería que abrió en la calle Pringles 967. Asimismo, denuncian que contó con la complicidad policial y de la librería Jekyll (Avenida Corrientes 1696), la compradora del fondo de comercio de Adán Buenosayres.
Otro caso que logró mayor difusión es el del portal de noticias Infonews que, a diferencia del caso de la librería Adán Buenosayres, recurrió a la figura de la cooperativa para mantenerse en pie tras la quiebra del Grupo 23, de los empresarios Matías Garfunkel y Sergio Szpolski. Según La Nación, se trataba del multimedio más beneficiado durante el kirchnerismo con una pauta oficial por más de 800 millones de pesos.
Después de la crisis, que empezó tras la asunción del presidente Mauricio Macri, los empresarios quedaron debiendo a sus empleados los salarios, aguinaldos, indemnizaciones y aportes patronales. Infonews cerró en mayo de 2016 y tres meses después se constituyó una cooperativa y relanzaron el portal.
“El Ministerio de Trabajo jamás intervino. Luego de varias marchas y medidas de fuerza recibieron a nuestros delegados, pero nunca actuaron en contra de los vaciadores ni protegieron las fuentes de trabajo. Tampoco nos dieron los subsidios que se aplicaban a nuestro caso”, señala Virginia Quiroga, periodista de Infonews.
A más de un año de su creación, los cooperativistas continúan sorteando dificultades. “Somos 23 personas con diferentes roles y cargas horarias, y aún seguimos luchando para recibir la pauta oficial que nos corresponde por ley”, concluye Quiroga.
En el repaso por empresarios poderosos y evasores, De Vedia menciona las denuncias que hizo contra las empresas Iecsa y Austral Construcciones. La primera es de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, y fue denunciada por apropiación indebida. Según la UFISES, se comprobó el descuento a los empleados, pero la empresa no hizo el depósito legal de más de 8,5 millones de pesos entre diciembre de 2015 y marzo de 2016.
Con respecto a la empresa de Lázaro Báez, De Vedia la denunció porque no depositó los aportes de la obra social retenidos a sus trabajadores entre febrero de 2014 y abril de este año y por un monto cercano a los 10 millones de pesos.
Cientos de pesos o millones. Anónimos o reconocidos. Las estafas patronales son otra expresión del deseo de ganar dinero a costa de los derechos de los trabajadores; un impulso que no discrimina entre importantes multimedios o negocios de barrio.